Después de tantos años que hemos visto y escuchando a diferentes grupos de políticos, de empresarios de la llamada sociedad civil, entre otros, desgarrarse la vestimenta so pretexto de combatir el flagelo de la corrupción, resulta ser que las investigaciones a ex funcionarios de la administración Cortizo, por parte de la Contraloría, representan una prueba critica para la institucionalidad del país.
Esta expresión en términos generales lleva un doble discurso, principalmente el de la advertencia de que se cometa actos ilegales en la investigación. Y es que durante 10 años estos sectores políticos y empresariales del país han actuado cínicamente, disque con una lucha frontal contra la corrupción, pero la verdad es que tanto el gobierno de Juan Carlos Varela como de Laurentino Cortizo, se pasearon por un mar de denuncias de corrupción y como dicen nuestros abuelos, los más zoquetes están siendo investigados.
El actual Contralor Anel Bolo Flores, está llevando a cabo una serie de auditorías en varias instituciones del Estado y en vez de recibir respaldo de la mayoría de los sectores activos del país ante esa lucha frontal contra la corrupción, ha sido todo lo contrario; ha salido a relucir una maquinaria en medios de comunicación y redes sociales para desacreditar esa labor y poner entredicho el trabajo del Contralor.
Los verdaderos corruptos de Panamá no están ni en Colombia ni en la India ni en ninguna otra latitud lejana, están aquí mismo y prueba de ello es que apenas se tocó la Asamblea se estremeció el árbol y comenzaron a caerle en pandilla al funcionario de la Contraloría porque al final se salieron con la suya y las botellas que se rehusaban a marcar la entrada y salida, le devolvieron su chen chen que se les había suspendido.
Lo mismo ha pasado con los sonados casos del IFARHU, la AIG, PANDEPORTES, los diplomas falsos de docentes, las botellas en las Universidades y ni hablar de los 300 millones de las juntas comunales y municipios donde hicieron fiesta con los recursos del Estado. Ahora que se dio a conocer el secuestro de bienes y cuentas bancarias a Enrique Lau, Ex director de la CSS, Publio De Gracia, ex director de la DGI; Nadia Del Rio, ex directora en el Ministerio de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, ex vicepresidente y Noriel Arauz, exdirector de la Autoridad Marítima, se volvió a prender el rancho y el culpable es el Contralor, según estos discípulos de la Madre Teresa de Calcuta.
Por ahí se habla que todos estos exfuncionarios han tenido el tiempo suficiente para esconder y ocultar con testaferros los millones que no se saben dónde están. Pero aun así, el Contralor Flores debe continuar adelante con las auditorías, porque al menos hay un alto funcionario que está dando muestra de combatir la corrupción, mientras un Procurador de la Nación no da signos de vida ni de pretender investigar nada ni a nadie.
