Panamá. – La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) anunció la imposición de una sanción económica equivalente al 50% del salario mensual contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, luego de comprobarse irregularidades en la contratación de familiares en la institución, configurando una clara violación al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
Según el informe oficial divulgado por la entidad rectora de la transparencia, las investigaciones administrativas determinaron que la jefa del municipio contrató a dos primos hermanos para laborar en el municipio. Aunque ambos colaboradores presentaron su renuncia en enero de este año, la ANTAI concluyó que la contratación vulneró las normas éticas aplicables a la función pública.
Además, la entidad recomendó la destitución de otra funcionaria municipal que mantenía un vínculo de afinidad con la alcaldesa, al ser la madre de los hijos de uno de los primos hermanos contratados, situación que también generaba un abierto conflicto de intereses dentro de la administración local.
El expediente contra el municipio de Arraiján forma parte de un paquete de procesos administrativos instruidos por la ANTAI que alcanzó a 20 servidores públicos en distintas instituciones del Estado:
- Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI): Diez (10) funcionarios fueron sancionados por incurrir en nepotismo. Asimismo, a otra servidora se le aplicó un descuento del 30% de su salario tras acumular 33 tardanzas injustificadas durante cuatro meses.
- Caja de Seguro Social (CSS): Se recomendó la destitución de dos funcionarias por falta de registro de asistencia (marcación) sin justificación legal.
- DGI (Coclé): Dos funcionarios fueron sancionados por representar a particulares en litigios durante su jornada de trabajo.
- INADEH, MEDUCA (Chiriquí) y Gobernación de Panamá: Se sancionó a funcionarios por incumplir requisitos del puesto o no cumplir su jornada laboral.
La ANTAI reiteró que mantendrá la fiscalización sobre el cumplimiento del Código Uniforme de Ética para garantizar la probidad en la administración pública.
