El proceso de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia está en paralizado porque la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) ha abandonado el proyecto de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica entre Chiriquí Grande, Bocas del Toro, y Panamá III, según dijo el analista económico Aram Cisneros.
Cisneros explicó que, además de ser un elemento necesario para la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica es un pilar prioritario del Plan Energético Nacional 2015-2050 de la República de Panamá. Esto, el analista económico advierte lo perjudicial que es para Panamá que ETESA haya abandonado el proyecto de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica.
Según el Plan Energético Nacional, publicado en la Gaceta Oficial 28003-A de 5 de abril de 2016, debía iniciarse en el año 2018 y concluir en 2020.
La Cuarta Línea Transmisión Eléctrica serviría para estabilizar la tarifa de la energía eléctrica para los panameños, soportar la demanda eléctrica, darle seguridad energética al país ante eventuales fallos de las tres líneas de transmisión existentes, transportar energía renovable generada en el occidente del territorio nacional y concretar la interconexión eléctrica con Colombia.
El proyecto de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica está paralizado desde que
ETESA, que tiene como gerente general al ingeniero Roy Morales, retiró, de manera abrupta, del Ministerio de Ambiente (Miambiente), el proyecto de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la construcción de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, indicó Aram Cisneros.
En abril de año 2022, ETESA concluyó el proceso de licitación del Estudio de Impacto Ambiental categoría III para el desarrollo de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, quedando adjudicada al Consorcio CAMSA-ENGIMORE.
El Consorcio CAMSA-ENGIMORE demandó a ETESA ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia porque, sin consultarle, retiró el Estudio de Impacto Ambiental de MiAmbiente.
De acuerdo a la demanda, el Consorcio CAMSA-ENGIMORE exige el pago de 823 mil 900 dólares, más intereses y costas, de los cuáles 428 mil dólares corresponden a productos entregados a ETESA y 395 mil 900 a productos imposibles de entregar debido a que esta entidad pública retiró el proyecto de Estudio de Impacto Ambiental sin consultar con esa empresa.
La Sala Tercera de la Corte Suprema admitió la demanda, siendo la magistrada María Cristina Chen Stanziola la ponente del proceso.
