La defensora del pueblo, Angela Russo, respaldó las peticiones de la población penitenciaria del país que exige el acceso a televisores para ver los partidos de la próxima Copa Mundial de la FIFA. Según la funcionaria, la reclusión no anula el derecho humano a la recreación que posee cada individuo, sin importar la gravedad del delito cometido.
Russo abordó la inquietud y aprensión de los reclusos ante los medios de comunicación, calificando el descontento como una situación «muy fácil de resolver» a nivel institucional. «Todos ustedes saben que tenemos a la vuelta de la esquina el Mundial, y todos realmente lo queremos ver, incluyendo a la población penitenciaria», argumentó la defensora.
Debate sobre los límites de los derechos en prisión
Las declaraciones de la titular de la Defensoría surgieron en medio de un debate con periodistas, quienes cuestionaron si aquellos privados de libertad sancionados penalmente por delitos graves —como violaciones o delitos relacionados con el crimen organizado— poseían el derecho legítimo de gozar del torneo ecuménico, bajo la premisa de que los centros penales no funcionan como centros turísticos.
Al respecto, Russo fue enfática al delimitar los alcances de una condena judicial sobre las garantías individuales. «En mi opinión, y debe ser la opinión de todas y cada una de las personas que integra nuestra sociedad, el hecho de estar privado de libertad no me priva a mí de los demás derechos», sostuvo.
La defensora explicó que la pena impuesta por los tribunales restringe únicamente la libertad de tránsito, pero obliga al Estado a salvaguardar los demás derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario. «Yo estoy privado de libertad, pero yo tengo mi derecho a la salud, tengo mi derecho a la educación, tengo incluso mi derecho a la recreación», enfatizó Russo, añadiendo que el esparcimiento es «superimportante» en el desarrollo humano para todas las edades.
Finalmente, la ombudsman instó a las autoridades carcelarias a establecer las normativas y espacios pertinentes para que los internos puedan acceder a las transmisiones, asegurando que el cumplimiento de la ley penal debe ir siempre de la mano con el respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad de las personas de la población penitenciaria.
