La tregua bilateral entre Colombia y el Ejército de Liberación nacional entra en vigor a nivel nacional desde este jueves con una duración de 6 meses, la más larga acordada hasta la fecha entre ambas partes. Según el documento, firmado el 9 de junio en la Habana, se suspenden las acciones militares ofensivas de ambas partes, y según han confirmado representantes gubernamentales, incluye también el cese de los de los secuestros y extorsiones del grupo armado.
Junto al cese de las hostilidades, el otro punto principal del acuerdo es la puesta en marcha el denominado Comité Nacional de Participación para fomentar la participación de la sociedad colombiana en el proceso de paz. Contará con representates de distintos movimientos de pueblos originarios, organizaciones, gremios e instituciones y recorrerá el país para recoger las recomendaciones.
Una de las acciones más notables del primer presidente de izquierda de Colombia fue reanudar de las conversaciones con el último grupo guerrillero activo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guerrilla marxista-leninista) con miras al objetivo de “paz total” en el país. Entrevista con Lina Penagos Sánchez, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de París-Este y especialista en economía informal entre Colombia y Venezuela.
RFI: ¿Qué agenda se ha fijado Gustavo Petro para las negociaciones con las guerrillas en Colombia?
Lina Penagos Sánchez: Por un lado, ha decidido retomar acciones concretas con los ex miembros de las Farc. En particular, busca acelerar las acciones previstas en el acuerdo de paz firmado con la guerrilla en 2016. Muchas de ellas se retrasaron durante el gobierno anterior (nota del editor: de Iván Duque), empezando por la reforma agraria. Sin embargo, la implementación del acuerdo de paz es la condición para una reintegración real de los ex guerrilleros.
Gustavo Petro ha ideado su lema de «paz total», en el que se compromete a poner en práctica todas las disposiciones del acuerdo de paz. Pero aún queda mucho camino por recorrer.
Con el ELN, las negociaciones son muy distintas porque no estamos hablando de una organización centralizada, sino federal que pretende controlar distintas zonas, sobre todo en la frontera con Venezuela. El gobierno de Petro ha dado pasos muy concretos para generar confianza. Ha nombrado a Otty Patiño, antiguo guerrillero del M19 (nota del editor: grupo desmovilizado que integró el propio Gustavo Petro), para dirigir la delegación gubernamental. Tardará años, porque este diálogo ha estado interrumpido durante tres años y durante ese tiempo, mientras el ELN se encontraba en una especie de limbo político en La Habana, continuó con sus acciones violentas en el territorio colombiano, con gran disgusto de las poblaciones rurales.
Con la entrada en vigor del alto el fuego, el jueves 3 de agosto, se espera que disminuyan las muertes violentas, al menos en las regiones donde el ELN tiene una presencia significativa. ¿Permitirá esto que las negociaciones avancen o no? La pregunta sigue abierta. El gobierno de Petro está avanzando con lo que considero una agenda muy general, pero al mismo tiempo esto es lo que permitirá encontrar puntos de convergencia y avanzar.
RFI: ¿En cierto modo, tiene que recuperar el tiempo perdido con su predecesor?
Lina Penagos Sánchez: El hecho de que todos los canales de comunicación entre Bogotá y Caracas estuvieran cortados bajo el gobierno de Iván Duque no hizo más que agravar este problema [nota del editor: la Venezuela de Nicolás Maduro es uno de los Estados que patrocina las conversaciones con el ELN]. La zona lleva abandonada al menos tres años. Esto sólo ha complicado la situación y ha permitido que el ELN se extendiera, se posicionara y tuviera un control casi total sobre ciertos territorios a lo largo de esta frontera, incluido Arauca, donde el ELN es como un Estado dentro de un Estado. Esto no era así hace cinco años. Es algo completamente nuevo y pone al ELN en una posición de fuerza en las negociaciones.
Por primera vez, tenemos un gobierno que se proclama de izquierda, pero cuyo presidente también dice «yo gobierno, pero no tengo el poder, lo tienen otros»: ha heredado un país donde las violaciones a los derechos humanos son gravísimas. La ONU acaba de designar a un comisionado especial para investigar las razones de los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz firmado con las FARC.
Colombia sigue dando una imagen de inestabilidad y falta de claridad en sus estrategias, lo que aumenta el malestar sobre todo entre las Fuerzas Armadas. El año pasado, Petro inició su presidencia con un acuerdo nacional que reunía a diferentes fuerzas políticas: el contexto es ahora completamente diferente.
RFI: ¿Acaso el eslogan de «paz total» era utópico?
Lina Penagos Sánchez: El propio presidente Petro reconoció en uno de sus discursos recientes que la palabra era grandilocuente y que había sido mal elegida. Es obviamente utópico desde un punto de vista puramente pragmático. Y si de lo que se trata es de establecer un marco de leyes que permita instaurar el orden de la justicia, estamos muy lejos de ello, tomando en cuenta de la situación en los territorios: las tasas de homicidio no dejan de aumentar, en particular en la costa del Pacífico, por no hablar de la frontera con Venezuela.
Colombia ha adquirido una cierta experiencia a través de las instituciones formadas alrededor de todos estos procesos de paz, que nos han permitido continuar por un camino que considero bastante positivo. Pero, por otro lado, tenemos un escenario muy complicado desde el punto de vista jurídico. A esto se suma que la confianza de los ciudadanos ha disminuido desde el año pasado.
RFI: An así, el gobierno todavía tiene que aprobar una serie de reformas.
Lina Penagos Sánchez: Una de las áreas más complicadas es la reforma rural. El gobierno Petro está tratando de aprobar una ley que permitiría recuperar muchas tierras más. En este aspecto, la presencia de José Félix Lafaurie [representante de los ganaderos colombianos – nota del editor] en el diálogo con el ELN es muy importante para conseguir que los grandes empresarios y terratenientes accedan a vender más tierras. Esto garantizará que el trabajo, la tierra y los recursos se distribuyan de forma mucho más equitativa en Colombia.
Ha habido avances, pero han sido extremadamente lentos. El acuerdo de paz preveía la transferencia de tres millones de hectáreas, pero ni siquiera se ha llegado al millón. Las dificultades institucionales y burocráticas impiden concretar esta meta. Es cierto que éste es sólo el primer año del gobierno Petro, pero también es un año en el que ha puesto en marcha una serie de reformas: una reforma rural, una reforma del sistema de salud, una reforma del sistema de pensiones y muchas otras que, de alguna manera, han disminuido su capital político. Todo ello al mismo tiempo que unas negociaciones de extrema importancia, precisamente, para su proyecto político.
Fuente: Radio Francia Internacional.
