En todo sistema jurídico hay preceptos legales que deben respetarse para no alterar el debido proceso, y tratar de distorsionarlos por razones políticas, económicas o sociales es cometer imperdonable sacrilegio contra la democracia.
Se inicia un proceso electoral. Empiezan hervir las pasiones políticas, pero como medida de distracción y con el afán de desacreditar a un ciudadano cuya popularidad vibra en el escenario, se efectuó un juicio, evidentemente amañado, con intenciones de frenar la arrolladora popularidad del personaje cuyo liderazgo natural lo empujan hacia la butaca más codiciada del Palacio de las Garzas.
Evidentemente nos referimos a Ricardo Martinelli Berrocal, ciudadano que las encuestas lo sitúan como el aspirante presidencial con más temple y arraigo popular en esta contienda política cuya voluntad se manifestará, a través del voto, en las elecciones presidenciales del 5 de mayo de 2024.
Abanderado como candidato presidencial del Partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli Berrocal se arropa con el fuero electoral que le otorga la ley y se propone, si no buscan otra razón para estorbar su avance político, demostrar que todas las acciones jurídicas contra él han sido dardos venenosos que intentan contaminar y frenar su arrollador triunfo en la contienda política.
Ayer la membresía del Partido Realizando Metas acudió a las urnas y como cimitarra filosa degolló las irregularidades en su contra y le concedió el voto para la candidatura presidencial, por lo tanto, ceñido al concepto jurídico , es privilegiado con el fuero electoral que por ley le debe ser concedido.
El fuero electoral está contemplado en la ley y no puede distorsionarse su aplicación porque recalcaría las evidencias que tras su candidatura hay componendas delictivas de mafiosos que intentan, sin éxito, estrangular su liderazgo como adalid de un pueblo que aspira resuciten mejores días sin los zátrapas políticos que mantiene a este país bamboleándose en incertidumbres financieras.
