El Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, presentó, la tarde de este lunes 14 de agosto, en el Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley sobre extinción de dominio sobre bienes relaciones con actividades ilícitas.
Al sustentar la importancia de la iniciativa, Pino destacó la preocupación ciudadana por la creciente actividad de la delincuencia organizada y su participación en el ámbito nacional y transfronterizo, producto de su capacidad operativa y de resistencias a los brazos de la ley.
Dijo que la delincuencia organizada se vale del poder de las economías ilícitas para disfrazar sus operaciones y legitimar capitales que permean la economía nacional, debilitando el poder de la autoridad, socavando la institucionalidad democrática, incrementando la violencia y reduciendo las expectativas de desarrollo social.
Todo esto, acotó el funcionario del Ejecutivo, empobrece los fundamentos morales del país. El ministro de Seguridad Pública recordó que el país ha venido haciendo esfuerzos institucionales, en materia legislativa, para dotar a la administración de justicia de herramientas necesarias para combatir la delincuencia organizada.
Además, se han puesto en marcha políticas de seguridad que permiten fortalecer la capacidad operativa de los organismos de justicia, de investigación policial y de inteligencia financiera.
«La extinción de dominio es una iniciativa legislativa enfocada en potenciar las capacidades de las entidades públicas, encargadas de la preservación del orden público, que le permitan enfrentar con mayor eficacia el poder de la delincuencia organizada, así como debilitar sus capitales, estructuras y evitar el expansionismo y el perjuicio que representa para la población».
Al detallar el contenido de la propuesta, presentada por segunda ocasión, explicó que el Instituto de Extinción de Dominio recae sobre bienes de origen y destinación ilícita, y constituye un instrumento jurídico para hacer frente al poderío de las organizaciones criminales que desafían, abiertamente, a las entidades del Estado y que amenazan la convivencia pacífica valiéndose de productos de sus actividades ilícitas.
Recordó que la delincuencia organizada es un fenómeno criminal global que demanda la cooperación internacional de los sistemas judiciales, organismos policiales y de investigación. De allí, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido a los Estados que adopten leyes contra el combate efectivo de este flagelo.
Pino destacó que la propiedad adquirida ilícitamente no puede ser amparada por los preceptos que en ese sentido dispone la Constitución de la República de Panamá. «…Conforme al ordenamiento jurídico de Panamá, el Ministerio Público está facultado para ejercer la acción de nulidad de los actos y contratos que no tengan causas lícitas, requisito esencial para la validez del contrato».
Detalló que el proyecto de ley sobre Extinción de Dominio se compone de un título preliminar y otros cuatro títulos que desarrollan las disposiciones generales y procesales, la cooperación internacional, la administración de los bienes y las disposiciones finales.
El primero habla del carácter real de la norma en el sentido de que el objeto del proceso es un bien adquirido o destinado a actividades ilícitas, vinculada a la delincuencia organizada indistintamente de quién sea su titular. Se contempla la persecución de buena fe, lo que significa que se garantiza la protección de los bienes lícitamente adquiridos y destinados de acuerdo con la ley, y se reconoce la plena vigencia de las garantías constitucionales. Los juicios serán públicos y la persona que reclame la titularidad del bien contará con una defensa justa.
El proyecto de ley sobre Extinción de Dominio llegó a la Asamblea Nacional en mayo del 2021, luego de ser aprobado por el Consejo de Gabinete, pero tras casi dos años de consultas y discusiones no logró su aprobación por falta de consensos. Tanto diputados como abogados de todo el país han reclamado por una ley que se ajuste a las normas del país y que respete las garantías a todos los ciudadanos.
