Por: Susana Lezcano, Miembro de la Fundación Libertad
Dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Eso es justamente lo que ocurre en nuestro Panamá con la implementación de la Ley 315 de 30 de junio de 2022, “por la cual se prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina”.
Tenemos ante nosotros una ley que si bien busca el bienestar de la población al erradicar el tabaquismo, la realidad es que está exacerbando problemas ya existentes como el comercio ilegal, llámese contrabando y falsificación de productos, y el aumento del consumo de estos productos por parte de poblaciones vulnerables. Estos no son supuestos; son realidades.
Y no es que no exista data, pero hablamos de realidades que son inconvenientes para nuestras autoridades de salud cuando se trata de tapar la inefectividad de las medidas que se inventan. Por ejemplo, aumento de consumo de cigarrillos de contrabando, y mientras más pobre la zona, peor las cifras, y empíricamente, estamos viendo cómo más jóvenes y cada vez de menor edad, están utilizando vaporizadores como quien saborea un caramelo.
Esto pudiese evitarse si tuviéramos una legislación robusta, basada en evidencia científica que permita la regulación de estos dispositivos. Sin embargo, pareciera que nuestras autoridades fallan en entender que las políticas públicas tienen un impacto sobre toda la sociedad, por algo son “públicas” y estas deben estar basadas en datos e información científica; no en moralismos sesgados ni mojigatería.
Entonces, ¿hacia dónde debemos dirigirnos? Lo primero es entender que las prohibiciones absolutas no son sostenibles y “solo la voluntad” no es suficiente, por lo que es importante evitar recurrir a este tipo de medidas. En el caso de los vaporizadores, estos representan una herramienta para ayudar a los consumidores de tabaco a dejar de fumar.
Estas prohibiciones deben en todo caso ser desplazadas por políticas de educación a los consumidores y aplicar un marco regulatorio que resguarde a los menores de edad del consumo de productos de tabaco y regule los lugares de consumo, de la misma forma que se hace con el alcohol (el cual, es tan peligroso como el tabaco, pero se vende con mucha más libertad, pero no estamos aquí para hablar de eso).
Panamá y los panameños merecemos políticas públicas coherentes, pensadas, fundamentadas en evidencia, y que permitan a las personas tomar decisiones informadas, ya sea para el tabaco, los vaporizadores o cualquier otro producto de consumo humano. Lastimosamente, somos presos de políticas públicas basadas en discursos políticos moralistoides y sin fundamento jurídico ni científico.
Al final, lo que debe primar es la protección de los derechos de las personas: el derecho a la vida y a la salud, pero siempre dentro de un marco de conocimiento, libertad y responsabilidad por parte de los individuos.
