El gremio de abogados protestaron contra la ley 256 que establece “la obligatoriedad en la expedición de factura o de documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño”, además presentaron una demanda de inconstitucional contra la ley de facturación electrónica.
El presidente del CNA, Juan Carlos Araúz, señaló que esta ha sido una ley inconsulta, también indicó que “el Estado no puede interferir en las profesiones liberales y eso tiene que quedar claro y pedimos la derogatoria de la ley 256”.
En tanto, el director general de ingresos, Publio De Gracia, dijo que por alguna razón se piensa o se trata de instalar que se estaría obligando a facturar cuando eso no es cierto. Desde la década de los 70 es así, además es un derecho del que compra o recibe servicios obtener su factura. Hemos sostenido, además que con los colegas del CNA, reuniones muy productivas, con los contadores, ingenieros y arquitectos; y la próxima semana con otros sectores para escuchar sus dudas y aclararlas”.