El inicio de una campaña política, donde se evidencia la desesperación por capturar la codiciada butaca del Palacio de las Garzas y otros cargos aledaños, destapan una serie de hechos cuyas repercusiones financieras inciden en la administración de fondos y bienes estatales.
Una de las actividades financieras cuya distribución no ha sido clara y que causa suspicacias, son los fondos destinados a la decentralización. La fondos de la descentralización que se otorgan a las juntas comunales para paliar necesidades de sus respectivas corregimientos, pareciera que tomaron otro destino, posiblemente el maletín de aquellos que descaradamente le dieron uso personal o político.
La idea de la descentralización, pareció una forma excelente para mitigar los problemas de algunas regiones donde no llegan, con la rapidez que se requiere, los brazos financieros de la burocracia estatal para mejorar las condiciones de algunos pueblos, donde la espantosa miseria estableció su reino, se profundiza y expande.
Pero todo parece indicar que el dinero de la descentralización, en vez de redimir a los pueblos paupérimos, aplacó las necesidades de sus administraciones que le dieron uso inadecuado y destinaron para otras actividad no aptas para el bienestar ciudadano.
Los actuales administradores de los recursos del Estado, lentamente se están apartando de la gobernabilidad, y no es de extrañar que algunos funcionarios públicos, en su desesperación porque las oportunidades de seguir pelechando se les está acabando, peñisquen la alcancía estatal y se aprovechen del dinero de la descentralización para resolver necesidades personales.