Por ver a Ricardo Martinelli condenado, sus detractores no se dan cuenta del daño que le están haciendo al país con el cierre abrupto de tres medios de comunicación social mediante fallo de una jueza, advirtió el abogado Alfredo Vallarino.
El jurista considera la pena accesoria impuesta por Baloisa Marquínez como un «descaro jurídico», porque la sentencia se basa en testimonios sin aportar pruebas.
«No pueden ir en contra de una empresa, si no se le permitió siquiera defenderse, presentar pruebas, tercerías de lo que fuera, porque pueden tener bienes comprometidos», ilustró el jurista.
Han sido varios los abogados, incluyendo a quienes no están involucrados en el caso New Business, que han manifestado su rechazo a que la jueza liquidadora haya disuelto dos sociedades sin que estas hayan podido defenderse en el proceso legal al no haber sido, ni siquiera, mencionadas.
«Como se va a afectar a Epasa si ni siquiera fue llamada al proceso y ahora se le está decomisando los bienes», expresó el abogado Carlos Carrillo Gomila.
Otro que explica lo irregular de esta decisión fue Carlos Barsallo, quien argumentó que las sociedades son personas jurídicas y no son bienes.
Barsallo, quien fue presidente por ocho años de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, se preguntó cómo se puede imponer una sanción de disolución a dos sociedades sin que hayan sido parte del proceso penal.
Precedente nefasto
Lo más grave de esta actuación jurídica, representa atentar contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, al desaparecer de una sola firma, tres medios de comunicación que quedarían bajo el control del Estado.
«Si aquí dicen que un juez penal, al momento de dictar sentencia sin que la compañía sea parte del proceso, puede desaparecer un medio de comunicación, que me digan que así es que se puede desaparecer canal 2, canal 13 y todos los demás periódicos que hay en el país», expresó Alfredo Vallarino.
Agregó el profesional del derecho que es bien duro el precedente que dejaría este fallo en Panamá con relación a la libertad de expresión y no se está midiendo.
Fuente: Panamá América.
