El polémico y arbitrario fallo de la jueza segunda liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, el cual incluye el comiso de los medios de comunicación de Grupo Epasa (Panamá América, Crítica y Día a Día), por parte del Estado, ha sido calificado como un acto que pone en peligro las garantías y libertades de todos los panameños.
Esta acción confirma los planes de que el Gobierno busca contralor los tres periódicos del Grupo EPASA, que han sido críticos de la gestión de Laurentino Cortizo y de su vicepresidente, José Gabriel Carrizo, quienes han sido criticados, además, por su falta de transparencia.
La decisión del comiso de los medios se da en medio de la campaña electoral, con lo que se busca cambiar la línea editorial a favor del Gobierno y catapultar la candidatura de Carrizo, por parte del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Acto político
De acuerdo con el doctor en Derecho y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, el proceso en el que se ha condenado al candidato presidencial, Ricardo Martinelli, a 10 años y ocho meses de cárcel, la multa de $19 millones y el comiso de Grupo Epasa, más que un juicio desde el contexto jurídico, lo que ha sido es un acto100% político, en todo su contexto.
Bernal comentó que si a Martinelli y un grupo de gente económicamente importante del país le han dado este maltrato jurídico con el mencionado fallo, que se puede esperar de los panameños de a pie que caen en manos de jueces de paz y de garantías improvisados, coimiados, así como de magistardos que no están actuando dentro del marco de la ley panameña, ni el debido proceso.
«La gente no ve el peligro que corremos y se han centrado en la figura de Ricardo Martinelli, cayendo en los intereses del actual poder político, para poder permanecer en el mismo», afirmo el letrado.
Agregó que las elucubraciones políticas no caben en este caso, ya que según él son tantos los errores de procedimiento cometidos, como por ejemplo el hecho de que dentro del juicio hubo testigos protegidos que se presentaron en el acto de audiencia, los cuales no pudieron ser indagados por parte de las defensas, eso es algo que vicia completamente este proceso.’
19
de julio de 2023, se publicó en el Juzgado fallo violatorio del caso New Business.
Afirmó que el común de los panameños no conocen este tipo de situaciones que se dieron en el juicio.
«Esto nos coloca en una situación de politiquería, la misma expresión corporal de un sinnúmero de aspirantes a la Presidencia de la República y a otros cargos, de alegría por lo acontecido, ya nos está poniendo en evidencia de realmente que es lo que les interesa. Aquí no interesa que se haga justicia, ya que no se puede hacer justicia persiguiendo los delitos cometiendo delitos», dijo.
Aseguró que en Panamá se ha llegado aún punto en el cual ni siquiera se puede hacer análisis justos, porque automáticamente le indalgan una etiqueta de defensor o enemigo de Ricardo Martinelli, como si este fuese «la última Coca Cola que hay en el desierto».
Explicó que hay un montón de gente que no se está dando cuenta que en Panamá se está dando una transfiguración de los procedimientos jurídicos, para institucionalizar la persecución política.
Señaló que esto empezó con la «Procuraduría Paralela», instalada en Gobierno de Juan Carlos Varela, es el ejemplo más claro de esto, contra la cual no se ha hecho ningún tipo de actuación por parte del Ministerio Público (MP), que dirige Javier Caraballo.
El catedrático aseguró que lo que está pasando en un montón de juzgados y tribunales, evidencia que hay una desconfiguración absoluta de lo que puede ser llamado un sistema jurídico que respete las mínimas convenciones y logros alcanzados por la humanidad, debido proceso, supremacía constitucional, separación de poderes, seguridad jurídica, respeto a la propiedad, no retroactividad de la ley, etc.
«Ese es un fallo curioso desde distintos ángulos, porque en mi opinión nos desnuda uno de los propósitos del mismo, que es quedarse con Grupo Epasa, esto porque a todos los que tenían acciones de esta empresa, les preguntaban que si tenían acciones y si se les daban no les pasa nada y allí está el resultado», dijo.
Expresó que a ninguno de los que tenían acciones de Epasa les paso nada, todos fueron declarados inocentes, sin embargo, en el fallo dicen que este grupo de medios de comunicación tiene que pasar a manos del Gobierno Nacional.
«Aquí dicen que pasa al Estado, pero el Estado somos todos y aquí todos no estamos detrás de eso. Por ello, el Gobierno va a tener, de lograr su propósito en enero, tres periódicos a su servicio para hacerle propaganda al señor Carrizo y terminar de configurar el fraude que ellos están preparando de una manera cada vez más descarada y descarnada», puntualizó.
Por su parte, el abogado Valentín Jaén, indicó que el fallo del caso New Business, lejos de estar sustentado en derecho, es netamente político, el cual genera graves consecuencias en la administración de justicia panameña.
Aseveró que lejos de dar seguridad jurídica, el mismo se aparta de ese concepto que tanto claman los ciudadanos de este país.
Jaén acotó que está bien que se busque la certeza del castigo, pero que esto es algo que no se puede hacer violando garantías fundamentales de las personas.
El pasado viernes, la defensa de Ricardo Martinelli, a trarvés del abogado Luis Eduardo Camacho González, anunció ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de Panamá, que dirige la jueza Marquínez, un recurso de apelación contra la sentencia mixta del 19 de julio de 2023, que lo declaró penalmente responsable dentro del caso New Business.
SIP en alerta
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se encuentra en estado de alerta y preocupación ante una reciente sentencia condenatoria en Panamá que involucra al Grupo Editorial Panamá América S.A. (EPASA). La organización ha manifestado su intención de estabilizar vigilante ante las posibles indicaciones de que esta incautación pueda tener para la libertad de prensa en la región.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, expresó su inquietud sobre el caso: «Si bien somos respetuosos de las decisiones judiciales y habrá que esperar por otras instancias de la causa, nos preocupa que los panameños pierdan una fuente importante de información y estrategia, adoptará el gobierno en caso de que se ratifique la condena de incautación».
Carlos Jornet, quien también es director periodístico de La Voz del Interior, un destacado diario de Argentina, afirmó que «la SIP estará atenta al desarrollo del caso, vigilando el debido proceso y el papel que el gobierno jugará sobre el futuro del grupo editorial, así como la transparencia del proceso. La propiedad privada de un medio es indispensable para garantizar la libertad de prensa y el derecho del público a la información».
Este conflicto judicial relacionado con la compra de EPASA ha sido objeto de seguimiento por parte de la SIP desde 2017, y ha sido tratado en sus informes de libertad de prensa en diversas ocasiones.
Los ejecutivos de EPASA también han tenido la oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre el caso durante las asambleas de la organización.
Fuente: Panamá América.
