El Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica ha entrado en vigor en Argentina este viernes. El texto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
El decreto modifica o deroga más de 300 normas. Entre las derogaciones se encuentra la normativa que impide la privatización de las empresas del Estado, como la petrolera YPF o Aerolíneas Argentinas.
También incluye las leyes de alquileres y de abastecimiento, y el régimen laboral. Se reformará igualmente el sistema de atención en medicina privada.
Entre las tantas medidas, se contempla la modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas y se desregula los servicios de internet por satélite para permitir el ingreso de empresas como Starlink, de Elon Musk.
Aprobación bicameral
El decreto será ahora examinado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, compuesto por ocho senadores y ocho diputados, para emitir un dictamen antes de que sea analizado por separado en las dos cámaras que forman el Congreso.
El DNU solo podría ser anulado si tanto la Cámara de Diputados como el Senado lo rechazan. Si lo hace únicamente una de ellas, será implementado. Igualmente, el DNU estará vigente hasta que se posicionen ambas cámaras.
Llamada a un paro general
La Confederación General del Trabajo, la principal central obrera de Argentina, convocó un paro general el próximo 24 de enero en rechazo al decreto y al paquete de proyectos presentado por el presidente. El recientemente investido Gobierno ya ha afrontado varias protestas previamente por sus medidas.
Argentina se encuentra en una grave crisis económica, con una inflación interanual de más del 160% y una tasa de pobreza que supera 40%.
Milei, que asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre, ya había presentado un amplio plan de austeridad previamente que incluye la eliminación de subsidios al transporte y a las tarifas de los servicios públicos y paraliza la construcción de obras de infraestructura financiada por el Estado.
El objetivo es recortar el gasto público en el equivalente a 5% del Producto Interno Bruto. También se devaluó en más de 50% la moneda.
Fuente: Radio Francia Internacional.
