El gobierno admite que está en conversaciones con los sectores responsables para que lo hagan de forma voluntaria, pero niega la intención de imponer topes de precios. Los alimentos son ya el principal factor de presión sobre los índices de inflación. Más que los carburantes.
Lo que se discute es la creación de un techo para productos clave de forma voluntaria. Pero hay quien sostiene que, si esto no funciona, el Gobierno debería ser más contundente y establecer él mismo los límites máximos. La propuesta fue divulgada por el periódico británico The Sunday Telegraph y ocupó las portadas de los principales diarios del país.
Algunos economistas sostienen que un aumento de los subsidios concedidos a la población más pobre puede ser una forma más eficaz de atajar el problema del impacto del coste de la vida de las familias hasta que las leyes de la oferta y la demanda se encarguen de bajar los precios.
Opiniones divididas
El argumento divide a los conservadores, tradicionalmente ardientes defensores del liberalismo y de la mínima interferencia con las leyes del mercado. Para los supermercados, detrás de la inflación alimentaria está el aumento de los costes de la energía, el transporte y la mano de obra, por lo que poner límites a lo que se cobra a los consumidores, voluntariamente o no, no resolverá el problema. Dicen que incluso podría provocar escasez.
La llamada inflación subyacente, que no incluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, una medida que los economistas utilizan para calibrar las tendencias futuras, alcanzó el 6,8% anual en abril, el nivel más alto desde 1992. Tras alcanzar el 11,1% anual en octubre de 2022, el índice general de precios al consumo cayó al 8,7% en abril de este año. El indicador de alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvo en el 19,1% anual en el mismo periodo. Es la segunda mayor subida en nada menos que 45 años.
En los restaurantes y bares, las tasas se reflejan en un aumento de casi el 10% en las facturas de los clientes, lo que reduce el movimiento y aprieta aún más los márgenes de beneficio del sector, uno de los más castigados por la pandemia, que sigue intentando remontar.
La presión inflacionista es una de las principales preocupaciones de la población, que ha ido perdiendo poder adquisitivo en los últimos años y está detrás de huelgas en diversos segmentos de la sociedad, como no se veían desde los años setenta. Esta semana, otro paro de trenes interrumpió los servicios en todo el país. Los empleados prometen nuevas huelgas, al igual que médicos y enfermeras.
Peligro para los conservadores en las urnas
La inflación es uno de los mayores problemas para el equipo económico de Sunak. Es peor que la de Estados Unidos y que la de toda la zona euro. Así lo valora el propio Banco de Inglaterra, el banco central británico, que mantiene los tipos de interés del país en su nivel más alto de los últimos 40 años.
Para Catherine Mann, ejecutiva de la institución, las presiones inflacionistas aún no han remitido. La economía del país aún no ha conseguido despegar como desearían los conservadores, que probablemente se enfrentarán a unas elecciones generales el año que viene. Si este fuera el caso hoy, el partido gobernante sería ampliamente derrotado en las urnas.
La última vez que el gobierno británico intentó fijar los precios de la economía fue en los años 70, durante el gobierno del Primer Ministro laborista Edward Heath.
Fuente: Radio Francia Internacional / Vivian Oswald, corresponsal en Londres.
