Guillermo Lasso, amenazado de destitución, decretó este miércoles la disolución del Congreso, lo cual implica adelantar los comicios legislativos y presidenciales.
El impopular mandatario de derecha, acusado por la oposición legislativa de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo, ordenó «disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna», señala el documento difundido por la presidencia.
En un país sumido en la violencia ligada al narcotráfico y el descontento popular por el costo de vida, Lasso pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a elecciones generales anticipadas.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, el órgano electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años.
«Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir», expresó Lasso en cadena nacional.
El ex presidente Rafael Correa reacción en la redes a la noticia objetando la legalidad de la iniciativa de Lasso, auque estimó que era una oportunidad para terminar con su Gobierno.
En el mismo sentido opinó la asambleísta opositora Mireya Pazmiño, entrevistada por RFI. “El presidente de la República, al verse acorralado, perdido mientras estamos en un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional de acuerdo a nuestras competencias, ha emitido una ‘muerte cruzada’ para salvarse, como bolsa de aire, esto es ilegal. Debe cumplir ciertas condiciones y él ha mencionado que emite una ‘muerte cruzada’ por una conmoción política y una grave crisis interna, algo que no existe”, dijo.
“Al verse indecisos, si tiene o no los votos para salvarse, emite esta ‘muerte cruzada’ que no le permite la Constitución. Si el presidente, el día sábado no obtuviese los votos, en ese momento él puede tomar la decisión, pero en este momento en que estamos en un proceso de juicio político es totalmente ilegal”, agregó.
La reacción de la asambleísta opositora Mireya Pazmiño al micrófono de Carlos Pizarro de RFI
La acusación
El gobernante se presentó el martes ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado.
Según las denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada «muerte cruzada», que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
En junio pasado el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
