Desde principios de año, la fiscalía de Marsella ha contabilizado unos cuarenta muertos y más de cien heridos en relación con el tráfico de drogas. Y eso es un récord: en sólo ocho meses, 2023 ya ha sido más mortífero que los años anteriores. A modo de comparación, en 2022 hubo 37 muertes relacionadas con la droga en Marsella.
Los tiroteos casi diarios, que ahora se oyen a plena luz del día, afectan sobre todo a pequeños y grandes narcotraficantes. Pero también ha habido víctimas colaterales: dos hombres de 43 y 63 años, asesinados en primavera, y la joven, tiroteada el domingo, que murió el martes 12 de septiembre.
Crimen desatado
La violencia continúa, a pesar de los anuncios del gobierno y de los refuerzos enviados a la zona. La lógica de las redes de traficantes ya no es la misma. En la guerra que libran dos redes muy poderosas, responsables de la mayoría de las muertes de este año, el objetivo es aterrorizar al clan rival. En otras palabras, matar por matar, no importa quién sea mientras se trate de un adversario. Y a pesar de la detención de una quincena de personas que han cometido o participado en asesinatos en los últimos meses, los tiroteos continúan gracias al importante sistema de reclutamiento establecido por los traficantes, con la ayuda de las redes sociales, que atrae a un gran número de personas, en su mayoría muy jóvenes, de toda Francia.
Sin embargo, en los últimos meses se han anunciado o desplegado numerosos refuerzos. En Marsella se han abierto 90 nuevos puestos de policía, este mes se esperan 11 agentes de la policía judicial como refuerzo y, hace unas semanas, el CRS8 se desplegó en Marsella a petición del Prefecto de Policía. El Prefecto desea tranquilizar a la población. Hace unas semanas, declaró que nunca se había movilizado tanto al personal policial como judicial.
Los marselleses se movilizan
La angustia y la ira de los habitantes y de sus deudos son reales. Se han manifestado muchas veces: desde principios de año, ha habido numerosas marchas blancas y concentraciones para denunciar la violencia y la inseguridad. Y aunque se han formado varios colectivos de familiares, las reivindicaciones siguen siendo las mismas: las familias y los vecinos reclaman el regreso de los servicios públicos, los trabajadores sociales y la policía local a estos barrios, que la mayoría considera abandonados por el Estado.
Uno de estos grupos está dando ahora un paso sin precedentes: la semana pasada, unas cincuenta familias llevaron su caso a los tribunales administrativos para obligar al gobierno a tomar medidas contra el narcotráfico. El tribunal administrativo dictaminó que esta solicitud inicial era inadmisible, y el colectivo se dispone a presentar una nueva solicitud.
