Durante los 21 años que la República de Panamá padeció el dictamen de un gobierno regido por militares, el espionaje fue una de las actividades que caracterizó a los gendarmes que dictaban las pautas gubernamentales de la nación.
La intervención de los teléfonos, el seguimiento de las actividades de adversarios del régimen y otras actividades que coartaban la libre expresión del pensamiento, cercenaban la libertad ciudadana sometiéndonos a vivir acosados por la inseguridad
El malestar de la dictadura militar, fue extirpado cuando una invasión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos acabó con el régimen y reinstauró la democracia que faltaba para garantizar la tranquilidad ciudadana.
La democracia reinante fue disipando los males del pasado y se consideró como ilegal las escuchas de las conversaciones telefónicas, sin embargo, parece que este germen no ha sido exterminado.
Han pasado 33 años desde que extirparan las andanzas de los militares, sin embargo, resurge la pésima costumbre de interceptar teléfonos para oir conversaciones y tomar decisiones especialmente para coartar actividades políticas de candidatos señalados como preferidos de la ciudadanía
Residentes en este país, que anhelamos seguir respirando los beneficios que emanan de la democracia, no podemos sentirnos seguros si desconfiamos del organismo encargado de proteger nuestros bien, cuando parte de sus estamentos son utilizados para escuchar, saber intimidades y desplegar armas políticas para desacreditar o hacer daños a los adversarios políticos del gobierno.
Usar la tecnología para escuchar conversaciones de empresarios, políticos o adversarios del gobierno es ilegal porque se está utilizando la tecnología para perseguir y causar daños a todos aquellos que al no compartir beneplácitos políticos con el gobierno, consideren pueden afectarles sus intereses personales y económico.
