La institución rechaza categóricamente cualquier acto de violencia, amenaza, vandalismo o mensajes de odio que puedan deslegitimar la esencia de la protesta pacífica.
En el contexto de una profunda agitación social y crisis económica, la Defensoría del Pueblo ha emitido un llamado urgente al gobierno nacional, solicitando el restablecimiento inmediato de las garantías fundamentales que la población actualmente no puede disfrutar. Estas garantías abarcan aspectos como el derecho a la vida e integridad física, libertad, acceso a la salud, seguridad alimentaria, trabajo, educación, libertad de prensa, libre tránsito y propiedad privada, así como el derecho a la protesta pacífica, en cumplimiento de los mecanismos de protección establecidos por la Constitución Política de la República de Panamá, los convenios internacionales y las leyes correspondientes.
La Defensoría del Pueblo reconoce que la actual explosión social refleja preocupaciones y desafíos significativos en la sociedad. Enfatiza que el derecho a la manifestación es legítimo e individual, debiendo ser ejercido de manera consciente, pacífica y responsable, sin menoscabar los derechos de terceros ni afectar la propiedad pública y privada. La institución rechaza categóricamente cualquier acto de violencia, amenaza, vandalismo o mensajes de odio que puedan deslegitimar la esencia de la protesta pacífica.
Se hace un llamado a un acercamiento con todos los sectores de la sociedad con el objetivo de buscar soluciones pacíficas y sostenibles, que restauren de manera urgente el orden público y la paz social, respetando el Estado de Derecho que debe prevalecer en una democracia.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso inquebrantable en el monitoreo, protección y defensa de los derechos fundamentales de cada individuo que habita en el país, instando a la ciudadanía a participar de manera constructiva en este proceso crucial para el bienestar de la nación.
