Con Eric Samson, nuestro corresponsal en Quito, y con agencias
En un país que lleva más de 10 días en estado de emergencia y guerra interna, el despliegue de decenas de miles de militares y policías es a todas luces incapaz de impedir todos los ataques de las principales bandas del país, consideradas «terroristas» por el gobierno del presidente Daniel Noboa.
Fue en su coche, un Mazda blanco, donde asesinaron al fiscal César Suárez en una avenida principal de Guayaquil. Los sicarios no le dieron ninguna oportunidad. La policía encontró una docena de orificios de bala en la ventanilla del conductor.
«Control estatal mínimo»
Según el coronel Mario Pazmiño, consultor internacional en temas de seguridad y defensa, es una manera para los grupos mafiosos de desafiar al Estado: «Este asesinato es muy importante porque los grupos mafiosos nos están demostrando que el control que las fuerzas del orden y el Estado intentan establecer es mínimo. Eso no impide que las bandas reanuden sus ataques, hagan estallar coches bomba y utilicen cada vez más a sus sicarios», expresó.
César Suárez no tenía protección policial, a pesar de que trabajaba en varios casos candentes. Estaba investigando la reciente toma de rehenes en el canal TC Televisión de Guayaquil, el martes 9 de enero, así como el caso de Daniel Salcedo, procesado por corrupción en el sistema hospitalario.
Daniel Salcedo fue detenido recientemente en Panamá, tras huir de la Operación Metástasis, lanzada en diciembre por la Fiscalía, cuya presidenta Diana Salazar condenó enérgicamente este último asesinato: «Los grupos de delincuencia organizada, los criminales y los terroristas no podrán vencer nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana», insistió.
A finales del año pasado, la operación Metástasis, «la mayor de la historia contra la corrupción y el narcotráfico» en Ecuador, según la fiscal, destapó «una estructura criminal» en la que participaban fiscales, funcionarios de prisiones y policías «cuyo objetivo era conseguir la impunidad y la libertad de los procesados o condenados», así como introducir objetos prohibidos en las cárceles.
Fiscales e investigadores especialmente amenazados
Los fiscales están amenazados por la veintena de organizaciones criminales que operan en Ecuador, antaño un remanso de paz pero ahora asolado por la violencia tras convertirse en el principal punto de exportación de la cocaína producida en los vecinos Perú y Colombia.
En junio, el fiscal Leonardo Palacios fue asesinado por pistoleros en la ciudad de Durán, cerca de Guayaquil. Diana Salazar denunció amenazas directas de muerte por parte de Los Lobos, una de las principales organizaciones criminales, cuyo líder, Fabricio Colón Pico, también se fugó de prisión la semana pasada.
La justicia ecuatoriana no sólo persigue a los criminales, sino también la corrupción vinculada al narcotráfico, que se ha extendido hasta las mismas entrañas del Gobierno. Los políticos están en el punto de mira. A finales de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, en Quito, y Agustín Intriago, alcalde de Manta (oeste), una de las principales ciudades del país, fueron asesinados por criminales.
Fuente: Radio Francia Internacional / Con Eric Samson, nuestro corresponsal en Quito, y con agencias.
