A menos de 85 días para la celebración de las elecciones generales en Panamá, la dictadura judicial contra el candidato presidencial y asilado político, Ricardo Martinelli, se han intensificado para evitar que pueda ejercer su derecho a una legítima defensa.
Tanto la Sala Penal como el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con una actitud totalmente arbitraria, le han negado a la defensa del candidato presidencial por Realizando Metas (RM) y Alianza, el tener acceso a los fallos dentro del caso New Business, esto para poder accionar los recursos que la Ley todavía les permite.
La última actuación irregular en contra de Martinelli y su defensa, se registro el pasado miércoles cuando una funcionaria judicial le negó al abogado Alfredo Vallarino, poder acceder a la sentencia comunicada en edicto, donde se le niega la casación al candidato presidencial, en el caso New Business.
La funcionaria le indicó al jurista que no se iba a dejar ver esa sentencia y que no se iba a permitir ver el expediente, esto por instrucciones superiores.
Ante esto, el letrado le pregunto que basado en que se había tomado esa decisión de no dejar ver ese fallo, la misma dijo que eso se hace siguiendo instrucciones, «yo solo acato órdenes licenciado».
Vallarino cuestionó que entonces, como iba a hacer para presentar recursos con base en la decisión tomada, de no darle acceso a la sentencia de la no admisión de la casación, a lo que la funcionaria le indicó: «No tengo respuesta, licenciado, usted puede sacar sus propias conclusiones».
Sin embargo, está no es la única vez que se le ha negado a la defensa el ppoder acceder a los fallos para poder ejercer su legítima defensa, pues el mismo día miércoles, el secretario general de la Corte Suprema de Justicia, también le negó al despacho del licenciado Carlos Carrillo, poder acceder al fallo en el cual se negó la advertencia de inconstitucionalidad, la cual fue desfijada ese día, esto para poder presentar un recursos de aclaración.’
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de febrero pasado, Martinelli denunció ante la Asamblea a Cortizo y Carrizo.
Carrillo afirmó que esa orden de no darle los recursos a la defensa, se da por instrucciones superiores, se interpreta igual que en su momento Frank Wever, exsecretario general de la Asamblea, indicó en el juicio de New Business, que el diputado Rubén De León, le señaló que la orden de mandar la denuncia con la que se inicio este proceso «venia de arriba».
«Para mí sino sale a señalar quien fue el magistrado o la magistrada que dio la orden, entiendo que fue el pleno de la Sala Penal o el pleno de la Corte Suprema, esto porque a mí me paso en el pleno que lo compone nueve magistrados», argumentó.
El letrado también se refirió al tema del asilo a Martinelli por parte de Nicaragua y comentó que en este caso, Panamá no puede hacer nada y solo le toca acatar lo que dicen los tratados internacionales.
Quién también reaccionó a la situación que están viviendo los abogados del exmandatario panameñ para poder ejercer su defensa, fue el Colegio Nacional de Abogados (CNA).
El gremio expresó una profunda preocupación ante la negatividad por parte de la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en torno a la negativa a entregar el expediente correspondiente a una causa, toda vez que la explicación que ofrece la funcionaria judicial no tiene fundamento jurídico alguno y vulnera los derechos y garantías a una legítima defensa, principio fundamentalmente amparado en la Carta Magna.
El CNA advirtió que esta situación crea un nefasto precedente en el país para causas penales futuras.
Prohibir el acceso al expediente a un abogado, pero sobre todo a un acreditado al mismo, es un resquebrajamiento del Estado de derecho, comentó el gremio abogadil.
«Que una funcionaria de un despacho judicial sustente este actuar ilegal en ‘órdenes superiores», es aún más cuestionable y empaña la transparencia con la que debe conducirse la justicia en nuestro país», agregó el gremio.
Otro que reaccionó a esto, fue el expresidente del CNA, Juan Carlos Araúz, quien dijo que rechaza enérgicamente la restricción de acceso al expediente judicial del señor Martinelli.
«En una democracia sana, no se puede tolerar ninguna restricción al trabajo de los abogados», afirmó el letrado.
Fuente: Panamá América.
