La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Mayín Correa, quien destacó que su propuesta de adicionar artículos nuevos al Código Penal va encaminada a sancionar a aquellos servidores públicos que, con dolo, culpa o por inobservancia en el ejercicio de sus funciones, ocasionen la pérdida por la paralización de obras financiadas, total o parcialmente, con fondos públicos.
El servidor público que paralice una obra licitada ocasionando deterioro significativo podrá ser sancionado hasta con 8 años de prisión si la cuantía supera los 500 mil balboas.
Correa manifestó que la coima se castiga en los tribunales, pero NO se para una obra que beneficia al pueblo, !Eso es maldad!.
