La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acelera irregularmente los tiempos judiciales en contra del candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, Ricardo Martinelli.
Tomando en cuenta el historial de las casaciones presentadas, el promedio entre la sentencia y el oficio toma entre seis meses y un año, así lo demuestra documentación de la Sala Segunda de lo Penal, a la cual este medio tuvo acceso.
Contrario a lo que han hecho con Ricardo Martinelli, en donde le han cambiado las reglas del juego para la presentación del recurso de casación.
Por ejemplo, en un proceso seguido contra Harmodio Cáceres Pérez y Joseph Iván Famanía, en un caso por el supuesto delito de abuso de confianza, la sentencia de segunda instancia salió el 11 de octubre de 2022 y el oficio fue publicado el 23 de junio del año 2023, es decir, casi un año después.
Otro ejemplo fue en el caso seguido a Ezequiel Antonio Barría Tirado y otros, en un proceso por drogas, la sentencia de segunda instancia se dio el 26 de enero de 2021 y el oficio para la adjudicación del recurso de casación fue el 28 de julio del año 2023, es decir, casi dos años y medio después de emitida la decisión.
Igualmente, otro ejemplo es el del caso de Edith Valdés Jiménez, Armando Jiménez, Eduardo Ceballos y otros, por el delito de tráfico internacional de drogas, la sentencia de segunda instancia se dio el 13 de mayo de 2019 y el oficio para el recurso de casación se da el 4 de agosto de 2023, es decir, más de cuatro (4) años después de la misma.
Incluso hay un caso de una sentencia del año 2014 que su oficio para la casación se dio el 19 de septiembre de 2023, es decir, más de nueve años después de dada la sentencia.’
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veces fue declarado Martinelli en el caso pinchazos, luego se le abrió el caso New Business.
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son las personas que presentaron recurso de casación dentro de este proceso legal.
Hay que resaltar que por delante de la casación de Ricardo Martinelli, hay al menos 10 que están pendiente, muchas de ellas ingresaron primera que la del exgobernante panameño.
Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), indicó no conocer un solo caso en su vida de jurista, como el de Martinelli, donde en un juicio oral que se dio a mediados de este año, ya haya pasado a apelación, los trámites de casación y en uno o dos meses resolverla.
«Es decir, en seis meses hacer todo un procedimiento y dentro del sistema inquisitivo, algo que no pasa, porque simplemente ni siquiera han apelado como normalmente se hace en una sentencia, aquí dividieron a las personas que habían sido absueltas versus los condenados, cosa que no ocurre en una sentencia», afirmó el jurista.
Vallarino agregó que adicionalmente a las cinco personas condenadas, usualmente se les daba 15 días hábiles a cada uno con el expediente físico, más cinco días en edicto, en este caso se les dio electrónicamente, en donde hace falta parte del mismo.
A parte de esto, el letrado señaló que una inadmisión cualquiera, puede estar tomando, de manera normal, un año, las que son rápidas en seis meses, esto en casos no tan complejos como New Business.
«Como este es el caso de Ricardo Martinelli, donde está claro que hay una persecución, una dictadura judicial, aquí lo que se quiere es ganar las elecciones con cuatro votos de magistrados, en vez de ganarla con el de cuatro millones de panameños. Esa es la verdad que hay detrás del expediente de Ricardo Martinelli», aseguró.
De forma puntual, Vallarino explicó que esto se demuestra desde el juicio, donde no se quiso llevar a los testigos protegidos, donde no se respetó el Principio de Especialidad, se violaron los fueros, etc.
Elementos que demuestran que esto se trata de un juicio político, con un expediente que remitieron desde la Asamblea Nacional, con todo lo que denunció en su momento Franz Wever y donde incluso se ordenó el cierre de tres periódicos que ni siquiera fueron parte del proceso, dijo el experto.
«Muy sensitivo lo que está ocurriendo, es un atentado contra la libertad de expresión y sabemos que en caso de que a ellos les prospere este tipo de trampas, se van a tener que enfrentar tanto a tribunales nacionales como internacionales por las responsabilidades tanto de Panamá, como de los funcionarios individualmente», acotó.
Fuente: Panamá América.
