Condenar al Grupo Editorial Panamá América (Epasa) sin que haya tenido oportunidad de defenderse como persona jurídica en el juicio de New Business, es una denuncia realizada por los abogados defensores de Ricardo Martinelli,irregularidad que también ha sido llamativa para otros juristas.
Es el caso de Carlos Barsallo, quien siguió de cerca el juicio y se preguntó cómo se puede imponer una sanción de disolución a dos empresas sin que hayan sido parte del proceso penal.
Barsallo cuestiona que las dos sociedades de las que se ordena su disolución no aparecen en el listado de las personas, ya sean naturales o jurídicas, a las que se les siguió el proceso penal.
«Las personas naturales y/o jurídicas deben poder comparecer al proceso previo a que les imponga una sanción, en caso de sociedad su disolución. Las sociedades son personas jurídicas, no son bienes», ilustró el abogado.
Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, tras conocer el fallo advirtió que no hay manera de justificar el atentado contra un medio de comunicación que no participó en el proceso. «¿Cómo se va a afectar a Epasa si ni siquiera fue llamada al proceso y ahora se le está decomisando los bienes?», preguntó.
Otra decisión irregular dentro del fallo son las dos penas accesorias que impuso la jueza Baloisa Marquínez, una de estas la disolución de las sociedades.
Kathia Trejos, abogada litigante en la rama penal, dijo que aunque estas penas son discrecionales del juez, llama la atención que en el fallo se imponen dos, entre las que figura la excesiva multa a Ricardo Martinelli.
«La sentencia carece de sustento jurídico y pienso que tiene ribetes políticos. No se pudo probar el delito precedente que es lo que mandata el Código Penal nuestro, que cuando se trata de blanqueo de capitales el dinero sea de procedencia ilícita», detalló.
La interpretación que le dan los abogados a esta pena accesoria no es otra que controlar la línea editorial de los medios de comunicación de Epasa.
«Desde ese punto de vista, debe ser visto la peligrosidad de esta decisión jurisdiccional, que atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo», consideró Justino González, profesional del derecho y la comunicación.
Con él, coincidió el abogado Alejandro Pérez, quien critica que en el afán de lograr dicha finalidad, «en el camino se llevaron de calle, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la independencia e imparcialidad que debe tener un medio».
«El Estado se quiere quedar con la editora Panamá América y Baloísa (Marquínez) es el instrumento», sostuvo Pérez.
Violación a debido proceso
Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, la violación del debido proceso a cualquiera que se le practique, no deja de ser un delito.
«No es cuestión que uno está a favor o en contra de Ricardo Martinelli, sino que uno está a favor de la justicia, que es lo que no hay en Panamá y es lo que hay que buscar hoy más que nunca», planteó en entrevista a Nex Noticias.
Bernal cuestionó que en el caso New Business haya ocurrido lo mismo que en otros en que se practicó la «colaboración eficaz» que a su juicio es una flagrante violación al debido proceso.
«Permite que personas que sí han delinquido escapen a la mano de la justicia a cambio de una delación premiada. Eso ha llevado que, hoy por hoy, el Ministerio Público es más lo que archiva que lo que investiga», dijo el constitucionalista.
Fuente: Panamá América.
