Dos demandas de inconstitucionalidad contra las reformas electorales aprobadas mediante la Ley 247 de 2021 fueron presentadas hoy, 16 de diciembre de 2021, por el Tribunal Electoral (TE), ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La primera demanda se relaciona con la inequitativa distribución del financiamiento público preelectoral entre los candidatos por libre postulación y los partidos políticos. El Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Reformas Electorales propusieron distribuir 15 % para la libre postulación y 85 % para los partidos políticos, con fundamento en tres criterios científicos relacionados con el respaldo popular previo y poselectoral, así como con la oferta electoral que representaron los candidatos por libre postulación. La Asamblea Nacional aprobó 7 % y 93 %, respectivamente.
La segunda demanda de inconstitucionalidad tiene que ver con el tema de la paridad de género en las postulaciones, y se persigue eliminar una válvula de escape que les permite a los partidos políticos no cumplir con dicha paridad, pues la misma hace ineficaz el mandato de la paridad.