Cada quien defiende su posición, por un lado los padres de familia piden al presidente Laurentino Cortizo sancionar la ley 508, aprobada recientemente, que otorga un descuento de hasta el 35% debido a las clases virtuales mientras dure el estado de emergencia, sin embargo los dueños de escuelas y universidades privadas piden un veto total, ya que consideran que dicha ley es inconstitucional.
Oscar León, miembro de la junta directiva de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA) señala que esta ley pondría en peligro la seguridad jurídica del país y sería de beneficio para Costa Rica y Colombia.
León manifestó que las universidades se preparan para el proceso de recertificación y certificación académica, lo que representa otro gasto que va acompañado de los gastos que tienen que hacer cuando se retomen las clases presenciales por el tema de la bioseguridad.
Según cifras, alrededor del 20 al 30 por ciento de los estudiantes no pudieron continuar sus estudios universitarios en el sector privado a causa de la pandemia del coronavirus, acotó León.
