Se trata del empresario boliviano Juan Carlos Serrate, quien el 7 de noviembre del año pasado mientras realizaba tránsito por la terminal aérea de Tocumen, fue detenido por agentes del Servicio Nacional de Migración (SNM), según familiares y apoderados legales, se trata de un proceso armado mediante un conglomerado de dependencias judiciales expresó el abogado boliviano Jorge Santistevan.
De acuerdo con la defensa de Serrate, el presidente saliente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, y el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, están siendo señalados por su presunto conocimiento y silencio ante las flagrantes violaciones de derechos y garantías procesales en este caso. A pesar de las pruebas presentadas.
Las autoridades panameñas han sido acusadas de fabricar un caso ficticio contra Serrate, basándose en una supuesta orden de arresto emitida por la Corte Sur de Nueva York, la cual se ha confirmado como inexistente. La detención de Serrate, llevada a cabo el 7 de noviembre de 2023, se realizó sin una orden de arresto válida, violando los procedimientos legales internacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá fundamentó la extradición de Serrate el 28 de marzo de 2024 en documentos falsificados, ignorando pruebas aportadas que demostraban la inexistencia del caso. La detención y proceso de extradición violaron los derechos procesales básicos, incluyendo la doble incriminación y el respeto al debido proceso.
Segun sus familiares y equipo legal, Serrate ha sufrido tratos inhumanos durante su detención en Panamá. Su familia, enfrentando un sistema judicial corrupto, ha llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas, buscando justicia y protección de los derechos humanos.
Los abogados esperan que las autoridades actuales y entrantes tomen medidas para restablecer el Estado de derecho y evitar futuros abusos, al tiempo preparan acciones legales en la esfera internacional.
