Intentar distorsionar los hechos a través de subtefugios legales, constituye una grave afrenta a la voluntad popular.
Desde diversos ángulos los electores observan como un puñado de ciudadanos, ostentando cargos de magistrados, ya sea del Tribunal Electoral o de la Corte Suprema de Justicia, acomodan preceptos legales según sus intereses o haciendo genuflexiones a una clases social, política o económica.
Los habitantes de la nación y observadores más allá de nuestras fronteras, miran como se utilizan jugarretas legales para inhabilitar candidatos e intentan desconocer los deseos de una nación que clama por la renovación de ciudadanos que controlan los poderes del Estado.
Una evidencia de desorden jurídico, que se realizó con maña y saña, fue la decisión del Tribunal Electoral que inhabilitó la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal, ciudadano que las encuestas lo ubican como líder natural y extraordinario para gobernar el país.
Desbancado Ricardo Martinelli Berrocal de sus aspiraciones presidenciales, el sistema permitió que el escalón vacío fuera ocupado por José Raúl Mulino que heredó el liderazgo de su antecesor.
Pero mientras que José Raúl Mulino, como abanderado de los Partidos Realizando Metas y Alianza va heredando la fuerza política que absorbió de Ricardo Martinelli Berrocal, empiezan aparecer tentáculos económicos y políticos que buscan apartarlo del escenario para favorecer a un candidato escuálido de simpatías.
Una especie de jugaretas legales entre el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia, alertan que se trata de inhabilitar a dos aspirantes a la presidencia: José Raúl Mulino y Zulay Rodríguez, caracterizados por ser combatientes que captan más simpatías que los otros seis que imploran el voto.
El pueblo panameño, harto de trampas, está pendiente de la distorsión legal que, de cometerse, se constituirá en alarmante fraude con repercusiones tanto nacionales como internacionales.
