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Miércoles, 24. Mayo 2017
 

Sindicato mundial se preocupa por supuesta privatización del Canal de Panamá

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 Sindicato mundial se preocupa por supuesta privatización del Canal de Panamá

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) mostró hoy su "preocupación" por la privatización de servicios que supuestamente está planeando el Canal de Panamá y que ha sido denunciada por los sindicatos de la vía interoceánica.

 

"Nos gustaría expresar nuestra posición sobre esa posible privatización. Nosotros creemos que toda la inversión que ha hecho Panamá en esta obra debe ser transformada en una mejoría integral de las condiciones de vida de los trabajadores", indicó el presidente de la federación, Paddy Crumlin.

 

Crumlin hizo estas declaraciones tras clausurar la reunión del Comité Ejecutivo de la ITF que dio comienzo ayer y que reunió a dirigentes sindicales del sector marítimo de todo el mundo.

 

La Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá (UCOC) denunció esta semana en una rueda de prensa que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aún no ha comprado nuevos equipos ni ha contratado a personal adicional para operar la ampliación, que se inauguró hace cuatro meses.

 

Esto, añadieron los capitanes, es una "clara" señal de que la vía interoceánica está planeando privatizar algunos servicios, como puede ser el caso de los remolcadores.

 

"El objetivo de nuestra federación es apoyar a los trabajadores y apoyar la creación de una industria moderna y flexible. Haremos todo lo posible para no dejarles solo ante la privatización", añadió por su parte el también miembro del Comité Ejecutivo de la ITF Rob Jhonson.

 

La Autoridad del Canal de Panamá no se ha pronunciado sobre la denuncia de ITF.

 

La ampliación de la vía interoceánica, que se inició en 2007 con un coste inicial de 5.250 millones de dólares, permite el paso del 97 % de la flota mundial de barcos.

 

Las nuevas esclusas, el principal proyecto dentro de la ampliación construidas por un consorcio liderado por la española Sacyr, fueron diseñadas para que pudieran ser transitadas por barcos mucho más grandes, los conocidos como neopanamax, que pueden transportar hasta 13.000 contenedores, es decir, casi tres veces más de carga que la que pasaba por las esclusas antiguas.

 

Desde que se inauguró el ensanche el pasado 26 de junio, ya han cruzado las nuevas esclusas más de 200 buques, la mayoría de ellos portacontenedores. ACAN-EFE

Advierten presiones para que Caja de Ahorros presente querella

21/10/16 - 12:00 AM
El periodista Juan Carlos Tapia hizo fuertes declaraciones ayer en su programa y se unió a los expertos que afirman que no hay lesión patrimonial contra la Caja de Ahorros.

La entidad reiteró que sus operaciones se han dado en estricto apego a la ley para proteger su patrimonio.

Carlos Carrillo: El abogado asegura que se han dado presiones, extralimitación de funciones y hasta denunció la presencia de agentes del Consejo de Seguridad dentro de la Fiscalía Primera Anticorrupción.

Anastacio Ruiz De León, uno de los exdirectivos de la Caja de Ahorro, debe regresar a la Fiscalía Primera Anticorrupción hoy viernes para ampliar su declaración indagatoria. /Foto V. Arosemena

Ángel Calderón: Abogado de Fernando Correa ha denunciado las arbitrariedades cometidas por los funcionarios del Ministerio Público con las conducciones directas y las detenciones innecesarias.

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Antonio Pérez M./ Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla /@AntonioSaul27

Tras el allanamiento y detención del presidente de NEXtv, Riccardo Francolini, el comentarista Juan Carlos Tapia aseguró que las garras del aparato de seguridad que responden al presidente Juan Carlos Varela están metidas en el Ministerio Público.

Decir que los sistemas de seguridad no han metido sus garras en el Ministerio Público es mentir, apuntó Tapia en su programa.

¿A quién responden los estamentos de seguridad?, al presidente de la República. Cuando usted no hace las cosas bien, tiene que involucrar hasta al procurador de la administración.

El comentarista Juan Carlos Tapia se unió a los expertos que afirman que no hay lesión patrimonial contra la Caja de Ahorros.

Cuando no se hacen las cosas bien, tienes que involucrar hasta el procurador de la administración para que dé su opinión. ¿Qué tiene que opinar en un banco donde el dinero no es del Estado, sino de los depositantes?

El préstamo fue otorgado y fue pagado con los intereses, por lo que la Caja de Ahorros no puede denunciar, sino hay lesión patrimonial en su contra.

"Cuando quieren armar una porquería (expediente) se cae, no hay sustento jurídico alguno", afirmó Juan Carlos Tapia.

Con la detención de Francolini y Rodrigo Arosemena la fiscal disfruta aplicando la medida cautelar más severa. Ahí es donde viene la percepción de la venganza, expuso el comentarista.

Desde ahora lo digo, no hay juez que le pueda negar la fianza que están solicitando para Francolini y Arosemena.

Tapia cuestionó qué hacía el periodista Isaac Ortega durante el allanamiento a la casa de Francolini y mostró evidencia de la hora de entrada, placa y cédula del comunicador del diario La Prensa que estaba en la diligencia judicial con complicidad de las autoridades. Las autoridades aún no explican por qué el periodista los acompañaba.

"Para que vean lo mal que andan las autoridades, yo me pregunto, ¿el periodista estaba actuando solo o se vincula a La Prensa?", expresó Tapia.

Por otro lado, la existencia de una nota del procurador de la administración, Rigoberto González, en la que exige a la Caja de Ahorros (CA) que se constituya como querellante en el proceso por un préstamo de 9 millones de dólares a la empresa contratista del centro de convenciones de Amador, puede ser objeto de una denuncia por extralimitación de funciones.

Carlos Carrillo, abogado de Riccardo Francolini, uno de los detenidos en este proceso, planteó que el hecho de que Rigoberto González haya girado esta nota a la CA sobrepasó sus facultades como servidor público, las cuales están establecidas en el Código Judicial.

Peor aún, señala Carrillo, con esta nota, el procurador de la administración asumió facultades que son propias de la Superintendencia de Bancos.

Es decir, que la ley solo faculta a la Superintendencia de Bancos a realizar funciones de fiscalizar a las instituciones financieras, situación que asumió Rigoberto González al enviar la carta a Mario Rojas, gerente general de la Caja de Ahorros, en la que le exige que se constituya como querellante en el proceso contra Francolini y otros exdirectivos de la institución bancaria en mención.

José Blandón, analista político, califica de insensatez la actuación de Rigoberto González, quien, a sabiendas de que se está extralimitando en sus funciones, por ser un erudito del derecho.

"Debo denunciar la ola de presiones con intención política que se está haciendo sobre estos funcionarios de la Caja de Ahorros", dijo Blandón al referirse a la controversial nota que envió el procurador Rigoberto González al gerente de la Caja de Ahorros.

A esto se suma que la Caja de Ahorros, por medio de su gerente, le contestó a Rodríguez reiterando que no hubo peculado en el préstamo que se otorgó durante la pasada administración, ya que fueron recuperados los dineros con sus respectivos intereses.

Por eso es que Carlos Carrillo habla de consecuencias civiles para la Caja de Ahorros si se constituye como querellante y consecuencias penales para los funcionarios de la institución que asumieran dicha actuación en el proceso.

"Le van a ocasionar un daño a la Caja de Ahorros por las acciones irresponsables de querer presentar una querella sin existir perjuicio", advirtió Carrillo.

Explicó que una vez estos casos lleguen a los tribunales y finalmente sean absueltas las personas acusadas, los actuales funcionarios y la misma institución pagarán las consecuencias.

"Ruego que no haya obediencia debida ante la apariencia de la ilegalidad", explicó Carrillo al reiterar que el gerente de la Caja de Ahorros debe mantener su postura de no entrar en este proceso.

A juicio del jurista, Rigoberto González, con sus actuaciones, ha demostrado evidentes violaciones a las normas del Código Judicial, que reglamenta cuáles son las funciones que debe ejercer el procurador de la administración.

Son estos argumentos los que sirven de base a una eventual denuncia por extralimitación de funciones que se prepara contra el procurador de la administración.

Sin embargo, Carrillo considera que detrás de la actuación de González hay una intención que está estrechamente relacionada con las declaraciones que esta semana diera el secretario general de la Procuraduría de la Nación, Rolando Rodríguez. "Hay una línea dentro del Ministerio Público, que está tratando de armar una investigación por encima de la existencia de un hecho de peculado", dijo Carrillo.

Expediente instruido bajo presión

Al estilo del viejo oeste se ha instruido el expediente sobre el préstamo en la Caja de Ahorro, denuncian abogados

Carlos Carrillo: El abogado asegura que se han dado presiones, extralimitación de funciones y hasta denunció la presencia de agentes del Consejo de Seguridad dentro de la Fiscalía Primera Anticorrupción.

Ángel Calderón: Abogado de Fernando Correa ha denunciado las arbitrariedades cometidas por los funcionarios del Ministerio Público con las conducciones directas y las detenciones innecesarias.

 
 
 






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